La Corte Suprema acogió el reclamo de un ciudadano extranjero condenado por tráfico de…
Sentencia · Corte Suprema · 2024
Resumen
La Corte Suprema acogió el reclamo de un ciudadano extranjero condenado por tráfico de estupefacientes, quien fue expulsado del país por el Servicio Nacional de Migraciones. El tribunal revocó la decisión de expulsión por no haberse ponderado adecuadamente el arraigo familiar del recurrente, padre de un niño chileno de 6 años. Se ordenó a la autoridad administrativa emitir un nuevo pronunciamiento considerando el interés superior del niño, conforme a la Constitución, tratados internacionales y la Ley de Migración. La sentencia destacó la obligación estatal de proteger a la familia y evaluar el impacto de la expulsión en el bienestar del menor.
Normas citadas
Artículo 1° Constitución Política de la República
Artículo 3° Convención sobre los Derechos del Niño
Decreto N° 830 de 1990 Ministerio de Relaciones Exteriores
Artículo 4° Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería
Artículo 19 Ley N° 21.325
Artículo 129 N° 5 Ley N° 21.325
Artículo 141 Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes
¿La expulsión de un extranjero con antecedentes penales por tráfico de drogas procede si tiene un hijo chileno menor de edad?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la autoridad no ponderó adecuadamente el arraigo familiar del recurrente, padre de un niño chileno, por lo que revocó la expulsión. Ordenó dictar un nuevo pronunciamiento que considere el interés superior del niño.
¿Qué obligaciones tiene el Servicio Nacional de Migraciones al decidir la expulsión de un extranjero con arraigo familiar en Chile?
La Corte Suprema destacó que el Estado debe proteger a la familia y evaluar el impacto de la expulsión en el bienestar del menor. Conforme a la Constitución, los tratados internacionales y la Ley de Migración, la autoridad debe considerar el interés superior del niño.
¿Puede la Corte Suprema anular una orden de expulsión administrativa y ordenar una nueva decisión?
En este caso, la Corte Suprema acogió el reclamo, revocó la decisión de expulsión y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones emitir un nuevo pronunciamiento. La revocación se fundó en que no se había ponderado adecuadamente el arraigo familiar del recurrente.
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