El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la informaci…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo de acceso a la información presentado contra la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía. El reclamante sostenía que funcionarios de esa repartición se habrían negado a recibir físicamente su recurso, pero el Consejo constató que no existía antecedente alguno de una solicitud de información previa tramitada conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia. Por ello concluyó que no se configuraba una vulneración al derecho de acceso a la información y que el amparo carecía de un elemento habilitante para su interposición, por lo que lo declaró inadmisible. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo y notificada a las partes, con la prevención de que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no reposición administrativa.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo por denegación de acceso a la información si no se presentó antes una solicitud de información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque no existía antecedente de una solicitud de información previa tramitada conforme al artículo 12 de la Ley de Transparencia, requisito habilitante para su interposición.
¿Qué ocurre si un funcionario público se niega a recibir físicamente un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo constató que no había una solicitud de información previa y declaró inadmisible el amparo, al no configurarse una vulneración al derecho de acceso a la información.
¿Se puede reclamar ante la justicia si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo notificó su decisión con la prevención de que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no reposición administrativa.
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