Resumen
La Contraloría General de la República declaró que no le corresponde pronunciarse sobre un asunto ya resuelto en un juicio arbitral seguido ante la Superintendencia de Salud, relativo a prestaciones de urgencia otorgadas a una beneficiaria entre diciembre de 2010 y abril de 2011. La primera instancia, a cargo del Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, determinó aplicar el mecanismo de financiamiento del artículo 141 del DFL N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud. Tanto la beneficiaria como FONASA recurrieron de reposición, y ese recurso fue rechazado, indicándose que en el período señalado la paciente no se encontraba en condición de urgencia vital o de riesgo. Luego, el Superintendente de Salud, como juez de segunda instancia, desestimó la apelación de FONASA, quedando el fallo ejecutoriado. El organismo fundamentó que, por mandato legal, la Superintendencia actúa como tribunal especial en ese procedimiento, materia que queda fuera de su ámbito de interpretación administrativa conforme a los artículos 76 de la Constitución y 6° de la ley N° 10.336.