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La Superintendencia de Seguridad Social se declaró incompetente para asesorar al Servic…

Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2014

Resumen

La Superintendencia de Seguridad Social se declaró incompetente para asesorar al Servicio de Bienestar de la Fundación Integra. La consulta planteaba dudas sobre derechos y obligaciones de los afiliados, beneficios, devolución de pagos en exceso y composición del Consejo Administrativo, y sostenía que su gestión era similar a la de los Servicios de Bienestar del sector público. El organismo explicó que su fiscalización alcanza solo a los Servicios de Bienestar de instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, según el artículo 134 de la Ley N° 11.764 y el D.S. N° 28, de 1994, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Recordó que la Fundación Integra se rige por sus estatutos, supletoriamente por el Código Civil y, en lo laboral, por el Código del Trabajo. Concluyó que ambos regímenes son de naturaleza jurídica distinta: el público solo puede hacer lo que la ley autoriza, mientras el privado puede hacer todo lo que no esté prohibido.

Normas citadas

  • Ley 11.764, artículo 134
Competencia

Preguntas frecuentes

¿La Superintendencia de Seguridad Social puede fiscalizar o asesorar a un Servicio de Bienestar de una fundación privada como la Fundación Integra?

No. En este caso, la Superintendencia se declaró incompetente, porque su fiscalización alcanza solo a los Servicios de Bienestar de instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, según el artículo 134 de la Ley N° 11.764.

¿Qué normas rigen a los Servicios de Bienestar de una fundación privada en Chile?

En este caso, el organismo señaló que la Fundación Integra se rige por sus estatutos, supletoriamente por el Código Civil y, en lo laboral, por el Código del Trabajo, y no por el régimen de los Servicios de Bienestar del sector público.

¿Por qué no se aplica al Servicio de Bienestar de una fundación privada el mismo régimen que a los del sector público?

En este caso, el organismo concluyó que ambos regímenes tienen naturaleza jurídica distinta: el público solo puede hacer lo que la ley autoriza, mientras el privado puede hacer todo lo que no esté prohibido.

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