Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la vigencia de la ley N° 21.131, que establece el pago a treinta días para las facturas emitidas contra el Estado. El dictamen precisó que, por regla general, las modificaciones a la ley N° 19.983, incluidos los artículos 2° bis, 2° ter y 2° quáter, que regulan intereses y comisiones por mora, entraron en vigencia cuatro meses después de su publicación. En cambio, el artículo 2° quinquies, relativo a la responsabilidad administrativa de los funcionarios por el no pago oportuno, rigió desde un año después de dicha publicación. No obstante, se aclaró que la entrada en vigencia diferida de esta última norma no implica un permiso para pagar tardíamente sin consecuencias, pues el incumplimiento por negligencia o desidia debe investigarse y sancionarse conforme a las reglas generales.