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La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección presentado por una…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección presentado por una sociedad agrícola en contra del Comité de Agua Potable Rural Cerrillos de Tamaya, por el corte arbitrario e ilegal del suministro de agua potable. El tribunal estableció que la interrupción vulneró derechos fundamentales, ya que el agua se destinaba a consumo humano y pequeña agricultura familiar, usos autorizados por la ley, y no se acreditó que la recurrente estuviera en las hipótesis legales que justificaran la medida. La conducta de la recurrida fue calificada como un acto de autotutela que alteró el statu quo existente desde agosto de 2021. En consecuencia, se ordenó el restablecimiento inmediato del suministro y la reconexión del arranque de agua en las condiciones previas a la interrupción, sin costas.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República (derechos fundamentales)
  • Ley de Agua Potable Rural
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Preguntas frecuentes

¿Puede un Comité de Agua Potable Rural cortar el suministro de agua a un usuario por decisión propia?

En este caso, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de protección y sostuvo que el corte fue un acto de autotutela, ilegal y arbitrario, porque no se acreditó que se configurara ninguna hipótesis legal que lo justificara. Por ello ordenó restablecer el suministro en las condiciones previas.

¿Qué pasa si un comité de agua potable rural interrumpe el suministro de agua a una sociedad agrícola?

La Corte de Apelaciones de La Serena estimó que la interrupción vulneró derechos fundamentales, porque el agua se destinaba a consumo humano y pequeña agricultura familiar, usos autorizados por la ley. Ordenó el restablecimiento inmediato del suministro y la reconexión del arranque de agua, sin costas.

¿Cómo se protege el statu quo en un recurso de protección por corte de agua potable?

En este caso, el tribunal consideró que la conducta de la recurrida alteró el statu quo existente desde agosto de 2021, lo que fundó la protección. Como consecuencia, se dispuso volver a la situación previa a la interrupción del suministro.

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