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El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa contra la Municipalidad de Calama. La persona reclamante planteaba dificultades para actualizar su registro social de hogares. El Consejo concluyó que su presentación buscaba manifestar molestia por esa situación, y no reclamar la falta de completitud o de acceso a la información que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento obligan a publicar en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado. Por no existir infracción, declaró inadmisible el reclamo por falta de un elemento habilitante. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en quince días corridos desde la notificación; no procede recurso de reposición.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por dificultades para actualizar el registro social de hogares en una municipalidad?

En este caso, el Consejo concluyó que el reclamo no buscaba cuestionar la falta de publicación de información de transparencia activa, sino expresar molestia por la situación del registro social, por lo que declaró inadmisible el reclamo por falta de un elemento habilitante.

¿Qué pasa si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible un reclamo de transparencia activa?

En este caso, el Consejo sostuvo que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en quince días corridos desde la notificación, y que no procede recurso de reposición.

¿Qué obligaciones de transparencia activa tienen los órganos de la Administración del Estado en sus sitios electrónicos?

En este caso, el Consejo indicó que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento obligan a los órganos de la Administración del Estado a publicar información en sus sitios electrónicos, pero concluyó que el reclamo no versaba sobre ello.

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