Resumen
Varias administradoras de fondos de pensiones deducen un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, impugnando un precepto legal que faculta a la Superintendencia de Pensiones para dictar normas de carácter general, por estimar que vulnera derechos constitucionales. La gestión pendiente corresponde a una acción de protección interpuesta contra dicho organismo. En el escrito, las requirentes acreditan la personería de sus representantes mediante escrituras públicas y designan abogado patrocinante y apoderados, solicitando además que las notificaciones electrónicas se realicen a los correos señalados. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la admisibilidad del requerimiento.