Resumen del criterio jurisprudencial
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por Marina Latorre Uribe en contra del artículo 1°, inciso segundo, numeral 4, de la Ley N° 20.732 que establece una rebaja del impuesto territorial para adultos mayores vulnerables económicamente. La demandante, siendo adulta mayor con pensión mínima, no podía acceder al beneficio debido a que el avalúo fiscal de su propiedad excedía el límite establecido en la norma. El Tribunal consideró que la aplicación de este requisito resultaba inconstitucional al impedir el acceso al beneficio a personas que efectivamente se encontraban en situación de vulnerabilidad económica. La sentencia fue redactada por la Ministra María Pía Silva Gallinato y contó con una disidencia de la Ministra Marcela Peredo Rojas.