El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 48 de la Ley de Rentas Municipales y el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, que fijan un interés penal del 1,5% mensual por mora en el pago de derechos municipales. El requirente sostenía que la tardanza del municipio en perseguir el cobro, derivada de una interpretación divergente del contrato de concesión, convertía ese interés en una sanción desproporcionada que afectaba la igualdad ante la ley y el debido proceso. El Tribunal rechazó el requerimiento, al concluir que el problema planteado es de mera legalidad y no de constitucionalidad, pues la divergencia contractual y la actuación del municipio deben ser resueltas por el juez de fondo en la gestión pendiente, sin que corresponda a esta Magistratura pronunciarse sobre ello.
Normas citadas
artículos 48 de la Ley de Rentas Municipales; y 53, inciso tercero, del Código Tributario
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional el interés penal del 1,5% mensual por mora en derechos municipales?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, pues consideró que el problema planteado es de mera legalidad y no de constitucionalidad.
¿Es la tardanza del municipio en cobrar derechos municipales un asunto que puede revisar el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la divergencia contractual y la actuación del municipio deben ser resueltas por el juez de fondo en la gestión pendiente, sin que corresponda a esta Magistratura pronunciarse sobre ello.
¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la proporcionalidad de un interés penal si se alega que es una sanción?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, al concluir que el problema planteado es de mera legalidad y no de constitucionalidad, y que debe ser resuelto por el juez de fondo.
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