La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del di…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del dictamen que estableció que los alcaldes no tienen competencia para ordenar la apertura o cierre de centros comerciales. El pronunciamiento se funda en los artículos 6° y 7° de la Constitución, que exigen que los órganos del Estado actúen dentro de su competencia, y en la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción, que reserva al Presidente de la República y a los jefes de la Defensa Nacional las decisiones que afecten derechos fundamentales. Si bien las municipalidades tienen funciones en salud pública y emergencias, el ordenamiento jurídico no les otorga facultades para intervenir en el funcionamiento de dichos recintos. Al no aportarse nuevos antecedentes, se mantiene la jurisprudencia impugnada.
Normas citadas
POL art/6
POL art/7
POL art/39
ley 18415 art/6
ley 18695 art/4 lt/b
ley 18695 art/4 lt/i
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un alcalde ordenar el cierre o la apertura de un centro comercial en Chile?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que los alcaldes no tienen competencia para ordenar la apertura o el cierre de centros comerciales, porque el ordenamiento jurídico no les otorga facultades para intervenir en el funcionamiento de esos recintos.
¿Qué pasa con las facultades municipales en salud pública y emergencias frente a los centros comerciales?
En este caso, la Contraloría reconoció que las municipalidades tienen funciones en salud pública y emergencias, pero concluyó que ello no les permite intervenir en el funcionamiento de los centros comerciales.
¿Quién puede tomar decisiones que afecten derechos fundamentales durante un estado de excepción?
En este caso, la Contraloría indicó que la Ley Orgánica Constitucional de Estados de Excepción reserva al Presidente de la República y a los jefes de la Defensa Nacional las decisiones que afecten derechos fundamentales, y que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia.
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