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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la fiscalización de los siste…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la fiscalización de los sistemas de agua potable y alcantarillado rural. Resolvió que, cuando los servicios no constituyen servicios públicos sanitarios, corresponde a la autoridad de salud, a través de la SEREMI, fiscalizar y sancionar conforme al Código Sanitario. Sin embargo, si se constata el incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental, como normas de emisión o resoluciones de calificación ambiental, la SEREMI debe remitir los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, órgano competente para sancionar dicha inobservancia. Se mantiene la facultad de la autoridad sanitaria para adoptar medidas urgentes ante emergencias sanitarias. El dictamen reconsidera y complementa pronunciamientos anteriores.

Normas citadas

  • ley 18902 art/2
  • ley 18902 art/4 lt/c
  • dfl 382/88 MOOPP art/1
  • dfl 382/88 MOOPP art/5
  • dfl 382/88 MOOPP art/52 bis
  • dfl 382/88 MOOPP art/1 tran inc/4
  • CSA art/69
  • CSA art/70
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Quién fiscaliza los sistemas de agua potable rural que no son servicios públicos sanitarios en Chile?

En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que, cuando los servicios no constituyen servicios públicos sanitarios, corresponde a la autoridad de salud, a través de la SEREMI, fiscalizar y sancionar conforme al Código Sanitario.

¿Qué debe hacer la SEREMI si detecta incumplimiento de normas de emisión o resoluciones de calificación ambiental en un sistema de agua rural?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la SEREMI debe remitir los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el órgano competente para sancionar esa inobservancia ambiental.

¿Puede la autoridad sanitaria adoptar medidas urgentes ante emergencias en sistemas de agua rural?

En este caso, el dictamen mantiene la facultad de la autoridad sanitaria para adoptar medidas urgentes cuando exista una emergencia sanitaria, y además reconsidera y complementa pronunciamientos anteriores.

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