Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las cauciones que deben rendir las personas contratadas a honorarios cuando sus labores implican recaudar, administrar o custodiar fondos o bienes del Estado. El dictamen precisó que, tratándose de la póliza de seguro, el contratado debe suscribir el convenio con una compañía aseguradora autorizada por el organismo, y que las demás cauciones deben rendirse por escritura pública cuyos términos acepta el Contralor. Para determinar el monto de la garantía, dado que los estipendios se fijan en los convenios y no en la ley, el contratado se asimila a un grado de la E.M.R. y sobre ese sueldo se calcula la caución, que conforme a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado corresponde a dos años de sueldo, salvo que el Contralor disponga ampliarla hasta cuatro años. Además, los municipios deben expresar su voluntad mediante actos formales escritos.