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La Contraloría General de la República conoció de denuncias sobre eventuales infraccion…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República conoció de denuncias sobre eventuales infracciones al principio de probidad administrativa por parte de funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, en el contexto de un proceso de consulta indígena. Tras revisar los antecedentes, en particular las actas de las reuniones realizadas con las comunidades, el organismo concluyó que no se apreciaban las conductas denunciadas, destacando la conformidad de los temas centrales por parte de las comunidades firmantes y que el medio de registro elegido fue el acta, modificable por acuerdo mayoritario. Asimismo, no se advirtió que la modalidad de la consulta hubiera infringido el Convenio 169 de la OIT, pues este no establece procedimientos determinados y no se apreció que se haya impedido u obstaculizado una participación efectiva y útil de las comunidades afectadas, ni que la Administración haya obrado de mala fe. Por todo ello, la Contraloría desestimó las denuncias y ordenó transcribir el dictamen a los interesados, a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental, a la D.A.A. y a la Contraloría Regional de Los Ríos.

Normas citadas

  • ley 18575 art/52
  • Pol art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Infringe el principio de probidad administrativa que la Administración use actas modificables por acuerdo mayoritario en una consulta indígena?

En este caso, la Contraloría concluyó que no se apreciaban las conductas denunciadas, destacando que el medio de registro elegido fue el acta, modificable por acuerdo mayoritario, y que las comunidades firmantes conformaron los temas centrales.

¿Vulnera el Convenio 169 de la OIT que la consulta indígena no siga un procedimiento determinado?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el Convenio 169 de la OIT no establece procedimientos determinados y no advirtió que la modalidad de la consulta lo hubiera infringido, al no impedirse una participación efectiva y útil.

¿Basta la mala fe de la Administración para acoger una denuncia por infracción a la probidad en una consulta indígena?

En este caso, la Contraloría no apreció que la Administración haya obrado de mala fe ni que se haya impedido u obstaculizado la participación efectiva de las comunidades, por lo que desestimó las denuncias.

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