La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento contra la Cámara de Comercio d…
Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2010
Resumen
La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento contra la Cámara de Comercio de Santiago A.G. por presunto abuso de posición dominante, al condicionar la renovación del suministro del Boletín de Informaciones Comerciales a que un buró de crédito desistiera de un arbitraje. Solicitó al tribunal modificar las cláusulas restrictivas del contrato de licencia para asegurar su vigencia por un plazo no inferior a cinco años, imponer una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales y mantener como medida cautelar la orden de seguir proveyendo la versión digital del boletín en las mismas condiciones, para evitar perjuicios al buró y a los usuarios de información comercial. El documento reproduce el petitorio de la Fiscalía, sin que conste en el material una decisión del tribunal sobre el fondo.
Normas citadas
Decreto Ley N° 211
Ley N° 19.628
Ley N° 17.336
Decreto Supremo 998
Ley N° 19.039
Decreto Supremo N° 950
Decreto Supremo N° 4.368
Resolución N° 292
Preguntas frecuentes
¿Puede la Fiscalía Nacional Económica pedir medidas cautelares en un caso de abuso de posición dominante?
En este caso, la Fiscalía solicitó al tribunal mantener como medida cautelar la orden de seguir proveyendo la versión digital del boletín en las mismas condiciones, para evitar perjuicios al buró y a los usuarios de información comercial.
¿Qué sanciones pide la Fiscalía Nacional Económica en un requerimiento por abuso de posición dominante?
En este caso, la Fiscalía solicitó imponer una multa de 3.000 Unidades Tributarias Anuales y modificar las cláusulas restrictivas del contrato de licencia para asegurar su vigencia por un plazo no inferior a cinco años.
¿Puede la Fiscalía Nacional Económica solicitar la modificación de cláusulas contractuales en un caso de libre competencia?
En este caso, la Fiscalía solicitó al tribunal modificar las cláusulas restrictivas del contrato de licencia para asegurar su vigencia por un plazo no inferior a cinco años, en el marco de un requerimiento por presunto abuso de posición dominante.
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