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La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por un profesor rural de C…

Sentencia · Corte Suprema · 2023

Resumen

La Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto por un profesor rural de Cañete contra el Ministerio Público y comunidades mapuche, revocando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción. El docente denunció haber sido víctima de rayados y pancartas que lo calificaban de racista en la escuela donde trabaja, además de amenazas previas y usurpación de terrenos por parte de una comunidad mapuche. Se atribuyó al Ministerio Público la omisión en adoptar medidas de protección y resguardo frente a estos hechos. El máximo tribunal consideró que dicho órgano tiene la obligación de velar por la protección y seguridad de las víctimas, por lo que su inacción vulneró las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución. En consecuencia, ordenó al Ministerio Público adoptar todas las diligencias investigativas necesarias y medidas de protección a favor del afectado.

Normas citadas

  • Artículo 19, numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República de Chile
cautela de derechos constitucionalesprotección de derechos fundamentalesomisión administrativaMinisterio Públicomedidas de protecciónamenazas e intimidaciónconflicto mapuchediscriminación

Preguntas frecuentes

¿El Ministerio Público puede ser responsable por no adoptar medidas de protección frente a amenazas contra una persona?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el Ministerio Público tiene la obligación de velar por la protección y seguridad de las víctimas, y que su inacción vulneró las garantías de los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución. Por ello ordenó adoptar diligencias investigativas y medidas de protección a favor del afectado.

¿Qué puede hacer un recurso de protección cuando se denuncian rayados, pancartas o amenazas en el lugar de trabajo?

En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por un profesor que denunció rayados, pancartas y amenazas previas en su escuela, y revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción. El tribunal estimó que la omisión de medidas de resguardo afectaba sus garantías constitucionales.

¿Qué garantías constitucionales se pueden invocar cuando una persona es amenazada y no recibe protección de los órganos del Estado?

En este caso, la Corte Suprema señaló que la inacción frente a las amenazas y hostigamientos vulneró los numerales 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución, referidos al derecho a la vida e integridad física y psíquica y al derecho de propiedad. Estas garantías fundaron la orden de adoptar medidas de protección.

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