La Contraloría General de la República se pronunció sobre reclamaciones en contra de la…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2021
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre reclamaciones en contra de las resoluciones que fijaron los valores regulados para la gratuidad en la educación superior. El dictamen analizó los criterios para el cálculo del costo necesario y razonable, la aplicación de ponderadores, y la inclusión de costos de investigación, extensión, infraestructura y costos futuros. Se concluyó que, sin perjuicio de observaciones específicas, la Subsecretaría de Educación Superior actuó dentro de sus facultades. No obstante, se le ordenó adoptar las medidas necesarias para ajustar las resoluciones exentas N°s. 6.687 de 2019 y 1.742 de 2021 a los criterios señalados en el pronunciamiento, debiendo informar de ello a la Contraloría.
Normas citadas
Ley 21091 art/trigésimo séptimo tran inc/2
ley 21091 art/trigésimo séptimo tran inc/3
ley 21091 art/115
ley 21091 art/90
ley 21091 art/91 inc/1
ley 21091 art/91 inc/2
ley 21091 art/92 inc/1
ley 21091 art/92 inc/2
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el costo necesario y razonable de la carrera para fijar el arancel regulado en la gratuidad de la educación superior?
En este caso, la Contraloría General de la República analizó los criterios de cálculo del costo necesario y razonable usados por la Subsecretaría de Educación Superior para fijar los valores regulados de la gratuidad, concluyendo que dicha Subsecretaría actuó dentro de sus facultades, sin perjuicio de observaciones específicas.
¿Qué puede hacer la Contraloría si las resoluciones que fijan aranceles regulados de gratuidad no se ajustan a los criterios legales?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Educación Superior adoptar las medidas necesarias para ajustar las resoluciones exentas N°s. 6.687 de 2019 y 1.742 de 2021 a los criterios señalados en el pronunciamiento, debiendo informar de ello al organismo de control.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.