El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de tran…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones. La presentación se refería a que el trámite migratorio del reclamante no aparecía actualizado en el portal institucional, y no a la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener publicada en sus sitios electrónicos conforme al artículo 7º de la Ley de Transparencia y al artículo 51 de su Reglamento. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante y lo declaró inadmisible por unanimidad de los consejeros presentes. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación, sin que proceda el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Puede reclamarse ante el Consejo para la Transparencia por un trámite migratorio que no aparece actualizado en el portal de un servicio público?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque se refería a la actualización de un trámite individual y no a la falta de publicación o de acceso a la información de transparencia activa que exige el artículo 7º de la Ley de Transparencia y el artículo 51 de su Reglamento.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede el recurso de reposición.
¿Qué se requiere para que proceda un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe fundarse en la falta de completitud o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben publicar en sus sitios electrónicos, y que un reclamo sin ese elemento habilitante es inadmisible.
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