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El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por d…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por dos entidades privadas en contra del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en el marco de una licitación pública de generación de una política regional de participación ciudadana. Los recurrentes cuestionaban el acta de evaluación de las ofertas y la resolución que adjudicó el contrato a otra empresa. El tribunal acogió la acción y declaró ilegales y arbitrarias tanto el acta de evaluación como la resolución de adjudicación, por falta de motivación y apartamiento de las bases de licitación. Como consecuencia, ordenó retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación de las ofertas, la que deberá ser realizada por una comisión evaluadora no inhabilitada, sujetándose estrictamente a las bases y a la normativa aplicable. Cada parte pagará sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si una entidad evaluadora de una licitación pública no motiva su acta de evaluación y se aparta de las bases?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegales y arbitrarias el acta de evaluación y la resolución de adjudicación por falta de motivación y por apartarse de las bases de licitación. Como consecuencia, ordenó retrotraer el procedimiento a la etapa de evaluación de las ofertas.

¿Qué efecto tiene la impugnación de una adjudicación de contrato público ante el Tribunal de Contratación Pública?

En este caso, el tribunal acogió la acción interpuesta por dos entidades privadas contra la adjudicación de una licitación del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Declaró ilegal la resolución de adjudicación y ordenó que la evaluación de las ofertas se realice nuevamente.

¿Quién debe volver a evaluar las ofertas cuando el tribunal anula una evaluación en una licitación pública?

En este caso, el tribunal ordenó que la evaluación sea realizada por una comisión evaluadora no inhabilitada, ajustándose estrictamente a las bases de licitación y a la normativa aplicable. Cada parte pagará sus costas.

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