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La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por una sociedad de inver…

Sentencia · Corte Suprema · 2024

Resumen

La Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por una sociedad de inversiones y proyectos contra la Municipalidad de San Antonio, que había decretado la inhabilidad y el desalojo de un autódromo por operar sin permiso de edificación. El tribunal concluyó que el municipio actuó conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que lo faculta para ordenar la inhabilidad de obras que no cuentan con recepción, y que la medida no fue arbitraria por fundarse en esas normas. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había acogido el recurso, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder a la sociedad recurrente.

Normas citadas

  • Ley N° 18.695
  • Artículo 24 de la Ley N° 18.695
recurso de proteccióninhabilidad de obradesalojopermiso de edificaciónrecepción definitivaLey General de Urbanismo y Construccionesartículo 145artículo 116

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio ordenar la inhabilidad de una obra que opera sin permiso de edificación o sin recepción?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí. Concluyó que la Municipalidad actuó conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que la faculta para ordenar la inhabilidad de obras que no cuentan con recepción, por lo que la medida no fue arbitraria.

¿Procede un recurso de protección contra la clausura o desalojo de un recinto ordenado por una municipalidad?

En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por la sociedad recurrente contra la Municipalidad de San Antonio, revocando la sentencia de primera instancia que lo había acogido. Dejó a salvo las demás acciones que pudieran corresponderle a la sociedad.

¿Qué pasa si un recinto como un autódromo funciona sin la recepción de sus obras?

En este caso, la Corte Suprema validó que el municipio decretara la inhabilidad y el desalojo de un autódromo que operaba sin permiso de edificación. Según el fallo, esa medida se fundó en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y no fue arbitraria.

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