La Contraloría General de la República se pronuncia sobre las atribuciones del Consejo…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre las atribuciones del Consejo Regional (CORE) al evacuar los informes que los gobiernos regionales deben emitir conforme a los artículos 8° y 9° ter de la Ley N° 19.300. Señala que dichos informes deben ser elaborados por el intendente y sometidos a acuerdo del CORE, cuyo pronunciamiento debe fundarse únicamente en razones de compatibilidad territorial o vinculación con políticas de desarrollo regional. Si el CORE rechaza la propuesta por motivos ajenos a esos dos aspectos, excede sus atribuciones legales. En tal caso, opera la aprobación tácita prevista en el artículo 36 de la Ley N° 19.175, rigiendo la proposición del intendente. Respecto de la eventual responsabilidad de los consejeros regionales, la Contraloría declina pronunciarse, pues la ley radica en el Tribunal Electoral Regional la facultad de declarar la cesación en el cargo por contravención grave al principio de probidad administrativa.
Normas citadas
Ley 19300 art/8
Ley 19300 art/9 ter inc/2
Ley 19300 art/10
Ley 19300 art/86
Ley 19175 art/22
Ley 19175 art/25
Ley 19175 art/36 inc/1 lt/q
Ley 19175 art/36 inc/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si el Consejo Regional rechaza indebidamente la propuesta del intendente en estos informes?
En este caso, la Contraloría indicó que opera la aprobación tácita del artículo 36 de la Ley 19.175, y rige la proposición del intendente. Así lo señala el dictamen para la situación de un rechazo basado en motivos ajenos a los dos aspectos permitidos.
¿Puede la Contraloría determinar la responsabilidad de los consejeros regionales que rechazan estos informes sin fundamento legal?
No necesariamente. La Contraloría declinó pronunciarse sobre esa responsabilidad, porque la ley asigna al Tribunal Electoral Regional la facultad de declarar la cesación en el cargo por contravención grave al principio de probidad administrativa.
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