Resumen
La Contraloría General de la República conoció una solicitud de reconsideración de un dictamen previo que había revisado la legalidad de una sanción disciplinaria aplicada por la Policía de Investigaciones de Chile. El interesado alegaba que la sanción era improcedente porque había sido sobreseído en sede penal y porque no se le habría permitido rendir prueba en el procedimiento administrativo. La Contraloría desestimó ambos argumentos: respecto del primero, señaló que la sanción administrativa es independiente de la penal y que el sobreseimiento criminal no excluye la posibilidad de sancionar por los mismos hechos, pues la medida se impuso por infracción a una norma disciplinaria; respecto del segundo, indicó que el afectado, en sus descargos, enunció su intención de rendir prueba pero no identificó los medios probatorios que ofrecía, por lo que no se configuró el vicio alegado al no abrirse un término probatorio. En consecuencia, el organismo desestimó la reconsideración y confirmó su pronunciamiento anterior. Además, advirtió al peticionario que en futuras presentaciones deberá emplear términos respetuosos y convenientes, conforme al artículo 19 N° 14 de la Constitución, so pena de no responder sus escritos.