Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración presentada por la defensa de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes cuestionaban un sumario administrativo que culminó con la separación de uno de ellos. Los recurrentes alegaban infracción al debido proceso, arbitrariedad en la decisión y prescripción de la acción disciplinaria. El organismo contralor reiteró su jurisprudencia administrativa: la sanción administrativa es independiente de la civil o criminal, y la condena, sobreseimiento o absolución judicial no impiden aplicar una medida disciplinaria por los mismos hechos si la autoridad estima que se vulneraron deberes funcionarios. Asimismo, precisó que en el marco de un procedimiento administrativo no cabe aplicar el plazo de prescripción de seis meses del Reglamento de Disciplina, sino que rigen las normas del Estatuto Administrativo, que fijan un término de cuatro años desde la comisión del hecho. Al no apreciarse infracción al debido proceso ni a la normativa que regula la sustanciación del procedimiento, ni una decisión arbitraria, se desestimó la solicitud y se confirmó el dictamen anterior.