El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información presentado por una persona contra la Municipalidad de Santiago. El organismo concluyó que la presentación no constituía una solicitud de información en los términos de la Ley de Transparencia, pues no pedía datos contenidos en los soportes que la ley exige, sino que requería un pronunciamiento sobre el alzamiento de una prohibición, lo que corresponde al derecho de petición consagrado en la Constitución y no al derecho de acceso a la información pública. Por ello, al no haberse ejercido el derecho de acceso en la forma legalmente requerida, el Consejo, por unanimidad de sus miembros presentes, declaró inadmisible el amparo. La decisión fue notificada a la solicitante y a la alcaldesa de la municipalidad, y se indicó que en su contra procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de quince días corridos desde la notificación, conforme a la Ley de Transparencia, sin que proceda el recurso de reposición de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un amparo ante el Consejo para la Transparencia si la solicitud no pide información pública sino un pronunciamiento sobre una prohibición?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la presentación no constituía una solicitud de información en los términos de la Ley de Transparencia, ya que no pedía datos contenidos en los soportes que la ley exige, sino un pronunciamiento sobre el alzamiento de una prohibición.
¿El derecho de petición consagrado en la Constitución puede ejercerse a través de un amparo de acceso a la información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la solicitud correspondía al derecho de petición consagrado en la Constitución y no al derecho de acceso a la información pública, por lo que, al no haberse ejercido este último en la forma legalmente requerida, declaró inadmisible el amparo.
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