Resumen
La Contraloría General de la República conoció una solicitud de reconsideración de un dictamen que había ordenado retrotraer a la etapa de convocatoria un concurso público para proveer el cargo de director de un establecimiento educacional, por haberse verificado infracciones a la preceptiva que rige estos certámenes. El municipio recurrente alegó, entre otras cosas, que la falta de presentación del informe de la comisión calificadora constituía un vicio de menor entidad que no bastaba para invalidar el concurso. La Contraloría desestimó esa tesis, pues junto a esa omisión concurrían otras infracciones legales de importancia que hacían procedente la invalidación, y ratificó en todas sus partes el oficio regional, rechazando la reconsideración. En consecuencia, acogió la reclamación de un postulante y ordenó al municipio dar cumplimiento a las instrucciones impartidas, precisando que un nombramiento originado en un concurso irregular no genera derecho al empleo ni estabilidad, sin perjuicio de conservar las remuneraciones percibidas para evitar un enriquecimiento sin causa.