La Superintendencia de Seguridad Social respondió a una presentación de trabajadores de…
Dictamen · Superintendencia de Seguridad Social · 2010
Resumen
La Superintendencia de Seguridad Social respondió a una presentación de trabajadores de empresas públicas vinculadas al Ministerio de Defensa —FAMAE, ASMAR y ENAER— que reclamaban por lo que consideraban una discriminación: la Ley 20.369 modificó la Ley 19.345 y dispuso que solo acceden al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley 16.744 los trabajadores de esas empresas regidos por el Código del Trabajo y afiliados al sistema previsional del D.L. 3.500, excluyendo a quienes están afiliados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. El organismo explicó el alcance de la norma impugnada y señaló que se encuentra analizando la factibilidad y conveniencia de modificar el inciso tercero del artículo 1° de la Ley 19.345, estudio cuyos resultados comunicará una vez concluido, sin acoger por ahora la solicitud de corregir la inequidad alegada.
Normas citadas
DL 3500
Ley 16.744
Ley 19.345
Ley 19.345, artículo 1
Ley 20.369
DependientesPersonas protegidasSector público
Preguntas frecuentes
¿La Superintendencia de Seguridad Social acogió el reclamo por discriminación de trabajadores de empresas públicas del sector Defensa?
En este caso, el organismo no acogió por ahora la solicitud de corregir la inequidad alegada, y señaló que se encuentra analizando la factibilidad y conveniencia de modificar el inciso tercero del artículo 1° de la Ley 19.345.
¿Qué alcance tiene la modificación de la Ley 19.345 por la Ley 20.369 sobre el seguro laboral de los trabajadores de empresas públicas del sector Defensa?
En este caso, la Superintendencia de Seguridad Social explicó el alcance de la norma impugnada, conforme a la cual solo acceden al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley 16.744 los trabajadores regidos por el Código del Trabajo y afiliados al sistema previsional del D.L. 3.500.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.