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El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad de un pr…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 1994

Resumen

El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley que modificaba las normas sobre mercado de valores, fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros. Se discutía si diversas disposiciones del proyecto incidían en materias reservadas a ley orgánica constitucional y si algunas de ellas vulneraban garantías constitucionales, en particular el derecho de propiedad y el resguardo jurisdiccional. El Tribunal acogió parcialmente el control: declaró que ciertas normas eran propias de ley orgánica constitucional y que otras, entre ellas la que incorporaba un nuevo número al artículo 94 del D.L. 3.500, resultaban inconstitucionales por afectar el derecho de propiedad y las garantías jurisdiccionales. Respecto de la facultad administrativa de designar administradores delegados, estimó que los recursos jurisdiccionales amparan suficientemente los derechos de los particulares y que serán los tribunales de justicia los que decidan en definitiva sobre dicha designación, por lo que el proyecto no vulneraba los artículos 73, 74, 6º y 7º de la Constitución. En consecuencia, devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados declarando conformes algunas disposiciones e inconstitucionales otras.

Normas citadas

  • artículo 108
Tribunal ConstitucionalCPRLey Orgánica Constitucional del Banco Central

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si un proyecto de ley contiene disposiciones propias de ley orgánica constitucional sin tramitarse como tal?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que ciertas normas del proyecto eran propias de ley orgánica constitucional, ejerciendo el control preventivo de constitucionalidad sobre ellas.

¿Vulnera la facultad administrativa de designar administradores delegados las garantías jurisdiccionales de los particulares?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que los recursos jurisdiccionales amparan suficientemente los derechos de los particulares y que serán los tribunales de justicia los que decidan en definitiva sobre dicha designación, por lo que el proyecto no vulneraba los artículos 73, 74, 6º y 7º de la Constitución.

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