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El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre di…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 1999

Resumen

El Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre diversas disposiciones del proyecto de ley que modificaba el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, para crear un segundo Fondo de Pensiones en las AFP y perfeccionar la medición de la rentabilidad mínima. Se discutía si las normas sobre inversiones de los fondos, el plazo promedio de los instrumentos de deuda y otras materias propias de la ley orgánica constitucional del Banco Central se ajustaban a la Carta Fundamental. El Tribunal declaró que los preceptos sometidos a control, contenidos en los numerales 23 letras d) y k), 26 letra a), el inciso tercero agregado en el literal c), el símbolo iii de la letra f) y la letra k) del artículo 1°, y los incisos segundo y tercero del artículo 3° transitorio, son constitucionales, y devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados para su tramitación.

Normas citadas

  • artículo 108
Tribunal ConstitucionalCPRLey Orgánica Constitucional del Banco CentralAtribuciones del Banco Centralpensiones

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley regule las inversiones de los fondos de pensiones y el plazo promedio de los instrumentos de deuda?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró constitucionales las normas del proyecto que modificaba el Decreto Ley N° 3.500 sobre inversiones de los fondos y plazo promedio de instrumentos de deuda, tras ejercer el control preventivo de constitucionalidad.

¿Qué ocurre si el Tribunal Constitucional declara constitucionales las disposiciones de un proyecto de ley?

En este caso, el Tribunal Constitucional, al declarar constitucionales los preceptos sometidos a control, devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados para continuar con su tramitación legislativa.

¿El Tribunal Constitucional controla preventivamente las normas sobre inversiones de fondos de pensiones por ser materia de ley orgánica constitucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional ejerció el control preventivo de constitucionalidad sobre las disposiciones del proyecto que modificaba el Decreto Ley N° 3.500, incluyendo las relativas a inversiones de los fondos, y las declaró constitucionales.

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