El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886 y el artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo. Se discutía si la sanción automática de inhabilidad para contratar con el Estado, impuesta sin considerar la gravedad de la infracción, vulneraba la igualdad ante la ley y el debido proceso. El Tribunal estimó que la norma trataba igual a situaciones objetivamente diferentes, resultando desproporcionada y arbitraria, y que impedía al afectado defenderse respecto de la procedencia o duración de la sanción. Si bien la finalidad de garantizar la probidad pública era legítima, su implementación mediante una sanción única y automática resultaba contraria a la Constitución. En la parte final, se resolvió acoger el requerimiento, con voto particular de una ministra que consideró además una vulneración al debido proceso en juicios orales vía remota.
Normas citadas
artículo 155, inciso N/A, numeral a), letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 155, inciso N/A, numeral d), letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAcción Penal PúblicaAdministracion PublicaAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaAutoresControl De Constitucionalidad De Proyectos De Ley
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que una sanción de inhabilidad para contratar con el Estado se aplique automáticamente, sin considerar la gravedad de la infracción?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que no. Declaró que la aplicación automática de la inhabilidad trataba igual a situaciones diferentes, resultaba desproporcionada y arbitraria, y acogió el requerimiento de inaplicabilidad.
¿Puede una persona sancionada con inhabilidad para contratar con el Estado defenderse respecto de la procedencia o duración de esa sanción?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma impedía al afectado defenderse sobre la procedencia o la duración de la sanción, lo que vulneraba el debido proceso. Por eso acogió el requerimiento.
¿Se justifica una sanción automática de inhabilidad para garantizar la probidad pública?
En este caso, el Tribunal reconoció que garantizar la probidad pública es una finalidad legítima. Sin embargo, concluyó que esa finalidad no justifica una sanción única y automática, por ser contraria a la Constitución.
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