Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la impugnación de una empresa…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la impugnación de una empresa en contra de las actuaciones del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, relativas a la reliquidación de cobros efectuados en el marco de un contrato de certificación de desembarque y al término anticipado de dicha convención por incumplimiento de la contraparte. El órgano contralor concluyó que el servicio se ajustó a derecho, pues la tarifa debe calcularse considerando el peso del producto desembarcado, conforme a la definición legal de desembarque de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y no según los factores de rendimiento establecidos por el propio servicio. Asimismo, no se advirtieron irregularidades en la demora para suspender los servicios, ya que se requería otorgar traslado previo al armador. Finalmente, la Contraloría declinó pronunciarse sobre los eventuales perjuicios reclamados, por tratarse de asuntos litigiosos propios de los tribunales de justicia.

Normas citadas

  • ley 18892 art/63
  • ley 18892 art/64E inc/1
  • ley 18892 art/64E inc/2
  • ley 18892 art/64E inc/3
  • ley 18892 art/64E inc/4
  • ley 18892 art/64E inc/5
  • ley 18892 art/2 num/11
  • ley 18892 art/2 num/66
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula la tarifa por certificación de desembarque de pesca según la Ley General de Pesca y Acuicultura?

En este dictamen, la Contraloría sostuvo que la tarifa debe calcularse considerando el peso del producto desembarcado, conforme a la definición legal de desembarque, y no según los factores de rendimiento que había fijado el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

¿Puede el Servicio Nacional de Pesca suspender la certificación de desembarque a un armador que no paga?

En este caso, la Contraloría concluyó que no hubo irregularidades en la demora para suspender los servicios, porque antes era necesario otorgar traslado previo al armador. El servicio se ajustó a derecho.

¿La Contraloría puede pronunciarse sobre los perjuicios que reclama una empresa por el término anticipado de un contrato administrativo?

En este dictamen, la Contraloría declinó pronunciarse sobre los perjuicios reclamados por la empresa, porque son asuntos litigiosos que corresponden a los tribunales de justicia.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2015 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República desestimó las denuncias de irregularidades contr…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una empresa…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre una comunicación enviada por…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de una patente por u…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

  • La Contraloría General de la República desestimó la reclamación de un recurrente contra…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.