Se interpone acción constitucional de protección en contra de una Isapre y de la Superi…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
Se interpone acción constitucional de protección en contra de una Isapre y de la Superintendencia de Salud por el alza unilateral del precio de la prima GES, que el recurrente estima desproporcionada e injustificada, vulnerando sus garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución. La Corte Suprema analiza el artículo 206 del D.F.L. N° 1 de 2005 y el procedimiento de fijación de precios, destacando que la prima GES fue determinada por la Superintendencia tras un proceso objetivo y fiscalizado, basado en parámetros legales. Concluye que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de las recurridas, por lo que rechaza la acción de protección y confirma la sentencia apelada, sin costas.
Normas citadas
Artículo 206 del D.F.L. N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud
Artículo 206 bis del D.F.L. N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud
Ley N°21.674
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia
¿Es ilegal que una Isapre suba unilateralmente el precio de la prima GES de un afiliado?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no hubo ilegalidad ni arbitrariedad, porque la prima GES fue determinada por la Superintendencia de Salud tras un proceso objetivo y fiscalizado, basado en parámetros legales. Por eso rechazó la acción de protección.
¿Procede un recurso de protección contra el alza de la prima GES fijada por la Superintendencia de Salud?
En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección interpuesta contra la Isapre y la Superintendencia de Salud por el alza de la prima GES, y confirmó la sentencia apelada. Sostuvo que el actuar de las recurridas no fue ilegal ni arbitrario.
¿Vulnera el alza de la prima GES las garantías de los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución?
En este caso, la Corte Suprema estimó que no existe vulneración de esas garantías, pues el artículo 206 del D.F.L. N° 1 de 2005 y el procedimiento de fijación de precios fueron aplicados conforme a la ley. Por ello, no se acogió la acción constitucional.
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