El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2017
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información pública presentado contra la Policía de Investigaciones de Chile, por la negativa a entregar antecedentes sobre la actividad docente y la hoja de vida funcionaria de un funcionario. El Consejo acogió el amparo y ordenó al órgano entregar la información solicitada, en la medida que corresponda, incluyendo copia de la hoja de vida funcionaria de los años requeridos. Asimismo, dispuso que, si algún antecedente no obra en su poder, debe acreditarlo conforme a la instrucción general N° 10 del propio Consejo y comunicarlo al solicitante y a la Corporación. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y ordenó informar el cumplimiento. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en el plazo de quince días corridos, y no procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Puede un órgano público negarse a entregar la hoja de vida funcionaria de un funcionario invocando la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó a la Policía de Investigaciones entregar la información solicitada, incluyendo copia de la hoja de vida funcionaria de los años requeridos, en la medida que corresponda.
¿Qué debe hacer el órgano si no tiene en su poder algún antecedente solicitado por transparencia?
En este caso, el Consejo dispuso que, si algún antecedente no obra en su poder, el órgano debe acreditarlo conforme a la instrucción general N° 10 del propio Consejo y comunicarlo al solicitante y a la Corporación.
¿Qué plazo tiene el órgano para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia y qué recurso procede contra ella?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en el plazo de quince días corridos, y no procede recurso de reposición.
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