El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo presentado contra la Pol…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2014
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un recurso de amparo presentado contra la Policía de Investigaciones de Chile por la negativa a entregar información solicitada. En su decisión, el Consejo acogió el recurso y ordenó a la institución entregar al solicitante las nóminas de funcionarios adscritos a las ciudades de Puerto Aysén y Coyhaique entre los años 1996 y 2003, especificando el cargo o función de cada uno en ese período. El cumplimiento debía realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que la resolución quedara ejecutoriada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la Ley de Transparencia, e informar a través de los canales establecidos. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo y notificada a la Policía de Investigaciones y al solicitante, con posibilidad de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin perjuicio de las limitaciones para los órganos del Estado.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si un órgano del Estado se niega a entregar información solicitada por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el recurso de amparo presentado contra la Policía de Investigaciones por la negativa a entregar información y ordenó a la institución entregar las nóminas de funcionarios solicitadas.
¿Cuál es el plazo que tiene un organismo para cumplir con una orden del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Policía de Investigaciones entregar la información solicitada en un plazo máximo de 15 días hábiles desde que la resolución quedara ejecutoriada, bajo apercibimiento de la Ley de Transparencia.
¿Se puede reclamar contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la decisión del Consejo Directivo fue notificada a la Policía de Investigaciones y al solicitante, con posibilidad de reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, sin perjuicio de las limitaciones para los órganos del Estado.
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