Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a una resolución del Instituto de Desarrollo Agropecuario que aplicaba medidas disciplinarias a tres servidores, por estimar que no se ajustaba a derecho. El organismo contralor sostuvo que, conforme a la ley N° 18.910 y a la ley N° 18.834, corresponde a la respectiva Dirección Regional imponer las sanciones no expulsivas a los funcionarios de su dependencia, y no al Director Nacional, como ocurría en el caso, salvo tratándose de la destitución de uno de los servidores, materia que sí compete a la superioridad nacional. Además, se observó que no constaba la notificación de la resolución exenta que aplicó la sanción a uno de los trabajadores según el artículo 131 de la ley N° 18.834, pues faltaba certificar las búsquedas y agregar el comprobante de envío de la carta certificada. Por ello, se representó el acto administrativo.