La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por la…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana contra la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar un acuerdo suscrito con un exdefensor laboral. La controversia versaba sobre el carácter público de esa información y la eventual concurrencia de una causal de reserva. El tribunal rechazó el reclamo, sin costas, concluyendo que el acuerdo era información pública, que no podía sostenerse una expectativa razonable de privacidad por su naturaleza y accesibilidad, y que no se acreditó causal legal de reserva. Para proteger al tercero, ordenó tachar sus datos personales, conforme a la Ley N°19.628 y al artículo 19 N°4 de la Constitución, y aplicó la Ley N°20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública. Un ministro previno su disentimiento respecto de uno de los considerandos.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.628
Oficio N° 155
Código Civil
Código Orgánico de Tribunales
Oficio N° 290
Artículo 1545 del Código Civil
derecho de acceso a la información públicaprincipio de publicidadreclamo de ilegalidadLey N° 20.285causal de reserva artículo 21 N° 2transacción de órgano estatalrecursos fiscalesvida privada y datos personales
Preguntas frecuentes
¿Un acuerdo suscrito por una corporación de asistencia judicial con un exfuncionario es información pública que puede pedirse por transparencia?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad y concluyó que el acuerdo era información pública, porque no existía una expectativa razonable de privacidad y no se acreditó una causal legal de reserva. Ordenó tachar los datos personales del tercero.
¿Puede una corporación de asistencia judicial negarse a entregar un acuerdo alegando privacidad de la persona con la que se firmó?
En este caso, el tribunal consideró que no podía sostenerse esa negativa, pues el acuerdo tenía carácter público y su naturaleza no daba lugar a una expectativa razonable de privacidad. La protección se resolvió tachando los datos personales del tercero, conforme a la Ley N°19.628.
¿Cómo se protegen los datos personales de un tercero cuando se ordena entregar un documento público en transparencia?
En este caso, la Corte de Apelaciones ordenó la entrega del acuerdo tachando los datos personales del tercero, aplicando la Ley N°19.628 y el artículo 19 N°4 de la Constitución, junto con la Ley N°20.285. El fallo no tuvo costas y un ministro previno su disentimiento respecto de uno de los considerandos.
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