Resumen
La Contraloría General de la República acogió la solicitud del Ejército de Chile y reconsideró parcialmente su dictamen anterior, que había observado irregularidades en una licitación privada para la adquisición de bienes. Se determinó que los actos administrativos del proceso, incluyendo la convocatoria, la adjudicación a una empresa y la suscripción del contrato de compraventa, ya habían producido todos sus efectos jurídicos, configurando una situación consolidada. En virtud del principio de seguridad jurídica, la potestad invalidatoria de la Administración encuentra un límite en la protección de tales situaciones, por lo que no procede dejar sin efecto el contrato ya ejecutado. No obstante, se ordenó al Ejército investigar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades advertidas e informar el inicio de las medidas en un plazo determinado, además de ajustar sus futuros procesos de adquisiciones.