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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de Gendarmería d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de Gendarmería de Chile tras su incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que la dejó dependiendo del Ministerio de Seguridad Pública. El organismo concluyó que ese traspaso no transfirió automáticamente toda la operatividad interna de la institución, que hasta entonces estaba en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues ello exige una adecuación orgánica de las unidades del Ministerio de Seguridad Pública, así como la distribución de personal y recursos. Recordó que la disposición transitoria quincuagésima quinta de la Constitución ordena al Presidente enviar proyectos de ley para adecuar la normativa, y que mientras no se haga, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el de Seguridad Pública, debe ejercer las tareas administrativas necesarias para asegurar la continuidad de la función pública. Finalmente, precisó que la materia debe resolverse mediante regulación legal, correspondiendo a los poderes colegisladores definir las medidas normativas.

Normas citadas

  • pol art/6
  • pol art/7
  • ley 18575 art/2
  • ley 21810 art/uni num/2
  • pol art/101
  • pol art/quincuagésima quinta tran
  • ley 21730 art/1
  • ley 21730 art/14
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Qué ministerio debe ejercer las tareas administrativas de Gendarmería mientras no se dicten las normas que adecuen su situación?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, mientras no se adecúe la normativa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el de Seguridad Pública, debe ejercer las tareas administrativas necesarias para asegurar la continuidad de la función pública.

¿Qué instrumento se requiere para resolver la situación de Gendarmería tras su incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública?

Este dictamen concluye que la materia debe resolverse mediante regulación legal, correspondiendo a los poderes colegisladores definir las medidas normativas, conforme a lo ordenado por la disposición transitoria quincuagésima quinta de la Constitución.

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