La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto por un con…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo interpuesto por un condenado contra la resolución del Juzgado de Garantía de Colina que autorizó una sanción disciplinaria de privación de visita y correspondencia por 30 días, impuesta tras el hallazgo de droga en un allanamiento en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I. El tribunal consideró que la decisión impugnada se encontraba suficientemente fundada y que concurrían las exigencias legales para aplicar la sanción conforme al artículo 78 letra i) del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Asimismo, descartó las alegaciones de vulneración al debido proceso y a los principios de corroboración y non bis in ídem, diferenciando los estándares probatorios entre la sede penal y la administrativa.
Normas citadas
Artículo 21 de la Constitución Política de la República
Artículo 78 letra i) del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
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Preguntas frecuentes
¿Procede el recurso de amparo contra una sanción disciplinaria de privación de visita y correspondencia impuesta a un condenado en un centro penitenciario?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo, por estimar que la resolución del Juzgado de Garantía de Colina que autorizó la sanción estaba suficientemente fundada y cumplía las exigencias del artículo 78 letra i) del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
¿Se vulnera el debido proceso al sancionar disciplinariamente a un condenado por el hallazgo de droga en un allanamiento penitenciario?
En este caso, la Corte descartó la alegación de vulneración al debido proceso, sosteniendo que la sanción de privación de visita y correspondencia por 30 días, impuesta tras el hallazgo de droga, fue aplicada conforme a la ley.
¿Qué estándar probatorio rige en la sanción disciplinaria penitenciaria frente a la sede penal, y se aplica el principio non bis in ídem?
En este caso, la Corte diferenció los estándares probatorios entre la sede penal y la administrativa y descartó la alegación de vulneración de los principios de corroboración y non bis in ídem.
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