Resumen
La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que analizó la procedencia de la indemnización prevista en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882 para un alto directivo público que no completó un año como titular en ese cargo. El organismo recordó que, mediante un dictamen anterior, se modificó la jurisprudencia y se estableció que esa compensación se otorga en razón del cargo de alto directivo público, por lo que solo favorece a quienes se desempeñaron en tal carácter, contabilizándose únicamente el tiempo servido como titular. El lapso trabajado en calidad de transitorio y provisional no sirve para determinar el beneficio, pues esos servidores no se sometieron al sistema de selección de la ley N° 19.882. Como la renuncia del afectado se hizo efectiva con posterioridad a ese dictamen, correspondía aplicar dicho criterio. En consecuencia, la autoridad actuó ajustada a derecho al no otorgar la indemnización, ya que el interesado no cumplió el requisito de haberse desempeñado a lo menos un año como titular de un empleo de alta dirección pública. Por ello, y al no acceder al beneficio, el organismo estimó inoficioso pronunciarse sobre las alegaciones relativas a la competencia de la jefatura y a los argumentos para rechazar los medios de impugnación.