La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionar…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2022
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una funcionaria de la educación desvinculada por la Corporación Municipal de Servicios Traspasados, en el marco de un plan anual de educación que fue invalidado por no cumplir los requisitos legales. El ente contralor determinó que el cese de la trabajadora, fundado en la supresión de horas, no se ajustó a derecho, por lo que ordenó dejar sin efecto la terminación de su relación laboral. Además, dispuso que el Ministerio de Educación regularice su situación y le reconozca el derecho a la bonificación establecida en la ley N° 20.964, en la medida que cumpla los requisitos, aplicando el principio de que la Administración no puede perjudicar a quienes actuaron de buena fe y se vieron privados de un derecho por causas ajenas a su voluntad.
Normas citadas
Ley 20964 art/1 inc/1
ley 20964 art/3 inc/2
ley 20964 art/6 inc/1
DTO 366/2016 educa art/23
ley 21405 art/55
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Procede dejar sin efecto el despido de una funcionaria de educación municipal cuando su cese se fundó en la supresión de horas en un plan anual invalidado?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que el cese de la trabajadora, fundado en la supresión de horas, no se ajustó a derecho, por lo que ordenó dejar sin efecto la terminación de su relación laboral.
¿Puede la Administración negar la bonificación de la ley 20.964 a un funcionario de educación que fue desvinculado de forma irregular?
En este caso, el ente contralor dispuso que el Ministerio de Educación regularice la situación de la trabajadora y le reconozca el derecho a la bonificación de la ley 20.964, siempre que cumpla los requisitos legales.
¿Puede la Administración perjudicar a un trabajador que actuó de buena fe cuando se vio privado de un derecho por causas ajenas a su voluntad?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la Administración no puede perjudicar a quienes actuaron de buena fe y se vieron privados de un derecho por causas ajenas a su voluntad, aplicando ese principio a la funcionaria.
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