El Tribunal Constitucional de Perú acogió una demanda de inconstitucionalidad contra la…
Sentencia · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional de Perú acogió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31254, que prohibía la tercerización e intermediación laboral en los servicios de limpieza pública municipal. Declaró fundada la demanda respecto de los artículos 1, 2, 4 y las disposiciones complementarias transitorias primera y segunda de dicha ley, por vulnerar el principio de separación de poderes y la autonomía de los gobiernos locales. El tribunal consideró que el Congreso excedió sus competencias al incidir en el gasto público municipal, afectando el régimen de Economía Social de Mercado. Asimismo, exhortó a la Contraloría General de la República a fiscalizar el ejercicio presupuestario de los gobiernos locales.
Normas citadas
Constitución Política - Artículo 2, inciso 14
Constitución Política - Artículo 22
Constitución Política - Artículo 40
Constitución Política - Artículo 43
Constitución Política - Artículo 58
Constitución Política - Artículo 59
Constitución Política - Artículo 60
Constitución Política - Artículo 61
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Congreso prohibir por ley la tercerización laboral en los servicios de limpieza pública municipal?
En este caso, el Tribunal Constitucional peruano declaró fundada la demanda contra la ley que lo prohibía, por considerar que el Congreso excedió sus competencias al incidir en el gasto público municipal, vulnerando la separación de poderes y la autonomía de los gobiernos locales.
¿Vulnera la autonomía de los gobiernos locales una ley que regula cómo contratan sus servicios de limpieza?
Según el resumen, el tribunal sostuvo que sí, porque la ley afectaba el gasto público municipal, lo que lo llevó a declarar inconstitucionales sus artículos 1, 2 y 4 y las disposiciones complementarias transitorias primera y segunda.
¿Qué rol cumple la Contraloría frente al presupuesto de los gobiernos locales según esta sentencia?
En este caso, el tribunal exhortó a la Contraloría General de la República a fiscalizar el ejercicio presupuestario de los gobiernos locales, tras resolver que la ley que regulaba la tercerización municipal era inconstitucional.
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