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Un juzgado de policía local conoció una denuncia del SERNAC por infracción a la Ley N°…

Sentencia · 3er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE MAIPU · 2012

Resumen

Un juzgado de policía local conoció una denuncia del SERNAC por infracción a la Ley N° 19.496, tras el robo de un vehículo estacionado en el estacionamiento de un supermercado. El tribunal acogió la denuncia y condenó al proveedor al pago de una multa de 30 UTM, tras estimar que el supermercado incumplió su deber de seguridad al no adoptar las medidas necesarias para resguardar los vehículos de los consumidores. En sede civil, el tribunal acogió solo parcialmente la demanda indemnizatoria: rechazó el ítem de daño directo por falta de pruebas suficientes, pero condenó al proveedor a pagar una indemnización de $500.000, regulada prudencialmente, reajustada según el IPC, más las costas. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia. El fallo se apoya en el incumplimiento del deber de seguridad del proveedor respecto de los consumidores que utilizan su estacionamiento.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
  • Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés generalQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuiciosSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿Puede un supermercado ser responsable si roban un vehículo en su estacionamiento?

En este caso, el tribunal estimó que el supermercado incumplió su deber de seguridad al no adoptar las medidas necesarias para resguardar los vehículos de los consumidores, y lo condenó al pago de una multa.

¿Qué indemnización corresponde por el robo de un vehículo en el estacionamiento de un proveedor?

En este caso, el tribunal acogió solo parcialmente la demanda indemnizatoria: rechazó el daño directo por falta de pruebas, pero condenó al proveedor a pagar una indemnización regulada prudencialmente, reajustada según el IPC, más las costas.

¿Qué debe probar el consumidor para obtener una indemnización por daño directo tras el robo de su vehículo?

En este caso, el tribunal rechazó el ítem de daño directo por falta de pruebas suficientes, aunque condenó al proveedor a una indemnización regulada prudencialmente por el incumplimiento del deber de seguridad.

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