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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso final del artículo 53 de la Ley 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos, en el contexto de una invalidación de un acto administrativo vinculado al financiamiento de la gratuidad en la educación superior. El requirente sostenía que la norma, al impedir impugnar judicialmente la resolución que rechaza la invalidación solicitada por el afectado, vulneraba la supremacía constitucional y la tutela judicial efectiva, pues una ley sobre procedimientos administrativos no puede privar a los tribunales del Poder Judicial de su potestad jurisdiccional para conocer de acciones constitucionales y legales contra actos de la Administración. El Tribunal acogió el requerimiento y declaró la inaplicabilidad del precepto, razonando que aceptar su aplicación implicaría admitir que una simple ley administrativa puede cohibir el ejercicio de las atribuciones que la Carta Fundamental y las leyes orgánicas constitucionales han radicado en los tribunales.

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Preguntas frecuentes

¿Se puede impugnar judicialmente la resolución que rechaza una solicitud de invalidación de un acto administrativo?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable el inciso final del artículo 53 de la Ley 19.880, que impedía impugnar judicialmente la resolución que rechaza la invalidación solicitada por el afectado.

¿Vulnera la tutela judicial efectiva una norma que impide recurrir a los tribunales contra un acto de la Administración?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma vulneraba la supremacía constitucional y la tutela judicial efectiva, pues una ley sobre procedimientos administrativos no puede privar a los tribunales del Poder Judicial de su potestad jurisdiccional.

¿Puede una ley de procedimientos administrativos limitar las atribuciones jurisdiccionales de los tribunales?

En este caso, el Tribunal Constitucional razonó que aceptar la aplicación del precepto implicaría admitir que una simple ley administrativa puede cohibir el ejercicio de las atribuciones que la Carta Fundamental y las leyes orgánicas constitucionales han radicado en los tribunales.

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