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La Contraloría General de la República informó un recurso de protección interpuesto ant…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República informó un recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el dictamen N° 34.842, de 2010, relativo al cálculo de la indemnización del artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, aplicable a altos directivos públicos. El organismo sostuvo que quien reclamaba carecía de un título válido sobre el beneficio, pues sólo tenía una mera expectativa, no amparada por el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución. Concluyó que no se advertía vulneración alguna de dicha garantía y pidió desestimar el recurso en todas sus partes.

Normas citadas

  • ley 19882 art/quincuagésimo octavo inc/2
  • ley 18834 art/154 dfl 29/2004 hacie
  • dfl 49/2003 hacie art/uni num/1 dto 971/2006 hacie
  • pol art/98
  • dto 100/2005 sepre
  • ley 10336 art/5 ley 10336 art/6
  • ley 10336 art/9
  • ley 10336 art/19
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El derecho a la indemnización del artículo quincuagésimo octavo de la ley 19.882 para altos directivos públicos está protegido por el derecho de propiedad?

En este caso, la Contraloría sostuvo que quien reclamaba solo tenía una mera expectativa sobre el beneficio y no un título válido, por lo que no estaba amparado por el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución. Concluyó que no existía vulneración de esa garantía y pidió desestimar el recurso de protección.

¿Procede un recurso de protección contra un dictamen de la Contraloría que calcula la indemnización de un alto directivo público?

En este caso, el recurso de protección fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el dictamen que fijó el cálculo de la indemnización del artículo quincuagésimo octavo de la ley 19.882. La Contraloría informó el recurso y pidió su rechazo en todas sus partes.

¿Qué argumentos puede usar la Contraloría para rechazar un reclamo sobre el cálculo de indemnizaciones de altos directivos públicos?

En este caso, el organismo argumentó que el beneficio no constituía un derecho adquirido sino una expectativa, lo que le impedía invocar la protección del derecho de propiedad. Con ello sostuvo que su dictamen N° 34.842, de 2010, no vulneraba garantías constitucionales.

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