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El Consejo para la Transparencia acogió los amparos presentados contra la Municipalidad…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió los amparos presentados contra la Municipalidad de Ñuñoa, que buscaban acceder a antecedentes sobre fiscalizaciones realizadas por funcionarios municipales a un inmueble por denuncias de ruidos molestos. El Consejo consideró que se trataba de información pública en poder del órgano y desestimó la reserva invocada por el municipio, que sostenía que los antecedentes eran necesarios para la defensa jurídica, por no haberse acreditado tal causal, dado que el municipio ya había presentado su informe ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Se ordenó entregar la información en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar su entrega ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.

Normas citadas

  • Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Un municipio puede negarse a entregar antecedentes de fiscalizaciones invocando que los necesita para su defensa jurídica?

En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la reserva invocada por el municipio, porque no se acreditó la causal de defensa jurídica, ya que el municipio ya había presentado su informe ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Por eso ordenó entregar la información.

¿Qué plazo tiene un municipio para entregar información pública que el Consejo para la Transparencia ordenó divulgar?

En este caso, se ordenó a la Municipalidad de Ñuñoa entregar la información en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar su entrega ante el Consejo.

¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo de acceso a la información?

En este caso, se indicó que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, según lo señalado en la resolución.

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