El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento del Instituto Nacional…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos que impugnaba los artículos 186 y 230 del Código Procesal Penal, en el contexto de una investigación por torturas ocurridas durante el estado de excepción constitucional en Horcón. El requirente sostenía que dichas normas otorgaban al Ministerio Público una facultad discrecional para formalizar la investigación, lo que podría generar impunidad y vulnerar derechos de las víctimas. El Tribunal desestimó la impugnación, razonando que la facultad del fiscal para formalizar la investigación no puede ser suprimida por el juez o el querellante sin alterar el sistema procesal penal, y que permitir una formalización forzada excedería sus competencias, pues requeriría agregar normas no previstas en el texto legal. La sentencia se fundó en la jurisprudencia previa del mismo Tribunal.
Normas citadas
Artículo 186 del Código Procesal Penal
Artículo 230 del Código Procesal Penal
Artículo 150 A del Código Penal
Constitución Política de la República de Chile (implícita)
inaplicabilidadinconstitucionalidadformalización de investigaciónfiscalíadiscrecionalidadderechos humanostorturavíctimas
Preguntas frecuentes
¿Puede un juez u otra parte obligar al fiscal a formalizar la investigación penal en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la facultad del fiscal para formalizar la investigación no puede ser suprimida por el juez o el querellante sin alterar el sistema procesal penal. Además, estimó que una formalización forzada excedería las competencias judiciales, porque requeriría agregar normas que el texto legal no contempla.
¿Es inconstitucional la facultad discrecional del Ministerio Público para formalizar una investigación penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos que impugnaba los artículos 186 y 230 del Código Procesal Penal. Razonó que la facultad del fiscal forma parte del diseño del sistema procesal penal y no vulnera la Constitución, aunque el requirente temía impunidad en casos de torturas.
¿Qué criterio aplica el Tribunal Constitucional cuando se impugna una norma procesal penal por posible impunidad de víctimas?
En este caso, el Tribunal acogió parcialmente el requerimiento, pero desestimó la impugnación de los artículos 186 y 230 del Código Procesal Penal, fundándose en su jurisprudencia previa. Concluyó que no le corresponde reemplazar al legislador ni introducir normas no previstas para corregir el eventual riesgo de impunidad.
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