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La Corte Suprema rechazó la acción de protección interpuesta por una recurrente en cont…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema rechazó la acción de protección interpuesta por una recurrente en contra del Comité de Administración del Condominio Aguas Claras, Etapa 4, por el corte de suministro eléctrico de su propiedad. La recurrente alegaba que el corte constituía un acto arbitrario e ilegal que vulneraba garantías constitucionales. El tribunal determinó que existía una deuda legítima de gastos comunes por más de 28 meses, lo que justificaba la medida adoptada, ya que el reglamento de copropiedad autorizaba expresamente el corte en caso de atraso en el pago. La Corte concluyó que no se verificaba la existencia de un acto arbitrario e ilegal, por lo que la acción constitucional no podía prosperar. Se rechazó sin costas la demanda.

Normas citadas

  • Ley de Copropiedad Inmobiliaria de Chile
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Puede un comité de administración de un condominio cortar el suministro eléctrico a un copropietario que no paga los gastos comunes?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que sí, porque el reglamento de copropiedad autorizaba expresamente el corte por atraso en el pago y existía una deuda legítima de gastos comunes de más de 28 meses. Por eso no hubo acto arbitrario ni ilegal.

¿Cuándo procede la acción de protección contra el corte de luz por parte de un comité de copropietarios?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de protección porque no se verificó un acto arbitrario e ilegal, al estar la medida amparada en el reglamento de copropiedad y en una deuda real. Así, la acción constitucional no podía prosperar.

¿El reglamento de copropiedad puede justificar la suspensión de servicios básicos por falta de pago de gastos comunes?

En este caso, la Corte Suprema consideró que el reglamento de copropiedad, al autorizar expresamente el corte por atraso en el pago, justificaba la medida adoptada por el comité. No se estimó que esa suspensión vulnerara garantías constitucionales.

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