Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento que impugnaba el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en cuanto excluye de las penas sustitutivas a ciertos delitos, por estimar que vulneraba los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y racionalidad, garantizados por el artículo 19, numerales 2° y 3°, de la Constitución. La mayoría del Tribunal, en la fase de fundamentación que precede a su decisión, sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto, que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad y que la privación de libertad debe ser la última ratio del sistema penal. Sin embargo, la parte resolutiva del fallo sostiene lo contrario: el Tribunal concluyó que suprimir las penas sustitutivas en determinados delitos es una facultad racional del legislador, que no constituye discriminación, pues corresponde al requirente demostrar la diferenciación y el criterio de comparación, y que el legislador puede dar un tratamiento distinto a los delitos de control de armas, cuya regulación tiene sustento directo en el mandato constitucional. Por lo tanto, el requerimiento fue rechazado y no se declaró la inconstitucionalidad de la norma impugnada.