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La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el requisito de ser ciudad…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el requisito de ser ciudadano, contemplado en el artículo 10, letra a), de la ley N° 18.883, es exigible a quienes ingresen a una municipalidad contratados bajo el Código del Trabajo en virtud del artículo 3° de dicha ley. El órgano concluyó que sí es aplicable. Fundó su decisión en que el régimen laboral no exime a estos funcionarios de cumplir los requisitos legales de ingreso a las municipalidades, en que el principio de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución exige el mismo trato que al resto del personal municipal, y en que el legislador ha eximido expresamente de la ciudadanía solo en casos determinados, como el de la ley N° 21.325 en la Administración del Estado, sin alterar la norma municipal.

Normas citadas

  • Ley 18695 art/40
  • ley 18883 art/10 lt/a
  • ley 18883 art/3 inc/1
  • ley 18883 art/3 inc/2
  • POL art/19 num/2
  • ley 18834 art/12 lt/a
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Preguntas frecuentes

¿Se exige ser ciudadano a quienes ingresan a una municipalidad bajo contrato regido por el Código del Trabajo?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que sí es exigible el requisito de ser ciudadano del artículo 10, letra a), de la ley 18.883. El régimen laboral no exime a estos funcionarios de cumplir los requisitos legales de ingreso a las municipalidades.

¿El principio de igualdad ante la ley permite tratar distinto al personal municipal contratado por el Código del Trabajo?

En este caso, el organismo sostuvo que el artículo 19 N° 2 de la Constitución exige el mismo trato que al resto del personal municipal. Por ello, los contratados bajo el Código del Trabajo deben cumplir igual requisito de ciudadanía.

¿El legislador ha eximido de la ciudadanía a los contratados municipales?

En este caso, la Contraloría señaló que el legislador ha eximido de la ciudadanía solo en casos determinados, como el de la ley 21.325 en la Administración del Estado. Esa excepción no altera la norma municipal, por lo que la exigencia sigue vigente.

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