El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluía ciertos delitos de los beneficios de penas sustitutivas. El Tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable dicha norma en el caso concreto. Sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto, que la privación de libertad debe ser excepcional y que la exclusión total de beneficios vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, generando una desproporción incompatible con la Constitución. Asimismo, señaló que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad y que orientan la sanción hacia la reinserción social. El fallo incluye votos particulares, prevenciones y una disidencia, y su parte final, que respalda el acogimiento, se refiere además a la brecha digital y a la vulneración del debido proceso en juicios penales orales realizados vía remota.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la exclusión total de penas sustitutivas en la Ley 18.216 por ser desproporcionada?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, porque excluir de forma total los beneficios de penas sustitutivas generaba una desproporción incompatible con la Constitución. Sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y que la privación de libertad debe ser excepcional.
¿Las penas sustitutivas equivalen a impunidad según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional?
En este fallo, el Tribunal señaló que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad, pues orientan la sanción hacia la reinserción social. Con ese criterio fundó la inaplicabilidad de la norma que impedía acceder a estos beneficios.
¿Qué efectos tuvo el fallo sobre los juicios penales orales realizados de forma remota?
En este caso, la parte final del fallo, que respalda el acogimiento, se refiere a la brecha digital y a la vulneración del debido proceso en juicios penales orales realizados vía remota. El resumen público no detalla más consecuencias sobre ese punto.
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